EVELIO DÍAZ ARTILES: UN “INSTITUTO DOMINICANO DEL ALCALDE PEDÁNEO” SERÍA IDÓNEO EN ESQUEMA FUNCIÓN PÚBLICA PROPUESTO POR NUEVO RÉGIMEN POLÍTICO.

No nos equivocamos cuando aseguramos que el alcalde pedáneo es el servidor público con mayor diversidad de funciones y responsabilidades en nuestro país, siendo la máxima autoridad en su comunidad, especialmente en la zona rural.

El nivel de respeto que conlleva su investidura, compromete al alcalde pedáneo más allá de las atribuciones legales de su posición, así como de sus posibilidades intelectuales y económicas, en demarcaciones en las que siempre escasean recursos y servicios.

El alcalde pedáneo desempeña el rol de síndico, registro civil, policía, investigador, director de obras públicas, alguacil, fiscal, médico legista, director de acueducto y hasta de partera(o), además de ser testigo importante en juicios legales de diversas índoles, especialmente en casos inmobiliarios, sucesorales y penales.

Lamentablemente para la sociedad, por lo general todas esas responsabilidades recaen en personas de precaria o nula formación académica. Una parte importante de los alcaldes son iletrados, debiendo recurrir a terceros para leer, redactar o firmar documentos, condición que sumada al pírrico salario que reciben (entre RD$1,000 y RD$2,000 mensuales), los hacen muy vulnerables en una sociedad que cada vez requiere mayores habilidades, entrenamientos y estímulos económicos, para tomar decisiones de calidad y no ser corrompidos.

Lo antes expuesto, nos lleva a sugerirle a los honorables legisladores dominicanos, la necesidad de crear una escuela nacional para la formación de alcaldes pedáneos, institución que además de educar jóvenes para ser funcionarios multifacéticos de carrera y regir el método y requisitos para su escogencia, también vele por el bienestar laboral de ellos.

Vertimos esta propuesta, a propósito del cambio estructural y administrativo que plantean el nuevo régimen político dominicano, en el que se pretenden lograr mejoras sustanciales en el desempeño de los servidores públicos.

El autor es puertoplateño, licenciado en marketing, comunicador por vocación y oficio.

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